Durante años, Mariano Rajoy escuchó el mismo mantra que venía no solo de los independentistas, sino de muchos sectores en Cataluña y el resto de España: “Muévase, haga política”. Desde que le relevó en La Moncloa, Pedro Sánchez, que al contrario que Rajoy necesita a los independentistas para gobernar, prometió que buscaría “soluciones políticas a un problema político”. Ocho meses después, todo el esfuerzo de gestos y decisiones con coste político en una parte del electorado socialista, que incluyó un cambio clave en la posición de la Abogacía del Estado y unos Presupuestos muy favorables a Cataluña, puede ser inútil si finalmente ERC y PDeCAT votan el próximo día 13 rechazar las cuentas a la primera.
Con el tiempo, el Gobierno ha ido subiendo su apuesta para convencer a los independentistas, asumiendo costes cada vez más altos, aunque siempre con la línea roja de descartar totalmente cualquier referéndum de autodeterminación y respetar la autonomía de los fiscales —entre otras cosas porque cualquier movimiento ahí habría tenido el efecto contrario, señalan en el Gobierno—. Los guiños han sido en pequeñas dosis, pero puestos todos en fila muestran hasta qué punto Sánchez ha jugado fuerte, visto desde el punto de vista del coste electoral, para lograr atraerse a los independentistas.
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